El lunes pasado se celebro la manifestación nº 7, realizada por los afectados después de la apertura de la nueva pista de aterrizaje, a final de octubre 2011.
Loa afectados se reunen todos los lunes a las 18:00, llevan micrófonos y altavoces y alcanzan el numero de entre 500 personas la más baja concentración hasta las 2.500 de las más recientes. Cualquiera que quiera acudir será bienvenido en la Terminal I, sección B (vuelos internacionales) todos los lunes.
UECNA
FRANKFURT
GAVÀ EXIGE QUE SE MANTENGA EL ACTUAL FUNCIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE EL PRAT
Gavà (Barcelona), 17 ene (EFE).- El alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, ha dirigido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que le pide una entrevista y muestra su preocupación ante la próxima concesión de la gestión del aeropuerto de El Prat a un operador privado, según han informado fuentes municipales.
Balsera ha exigido que el funcionamiento del aeropuerto se mantenga como hasta ahora, es decir, con pistas segregadas, que significa que las dos pistas operativas de El Prat funcionan de manera coordinada y en una aterrizan los aviones y desde la otra despegan.
La otra alternativa es que las dos pistas operativas de El Prat funcionen como aeropuertos independientes y en una misma pista aterricen y despeguen aviones. Esta medida, según los alcaldes de las ciudades del entorno, como Gavà o Castelldefels, supondría un importante impacto acústico para los vecinos.
Balsera reconoce en su carta la aportación del aeropuerto a la actividad económica y proyección del país, pero pide que "cumpla sus objetivos manteniendo un respeto escrupuloso a las personas que viven en la zona".
"La próxima concesión de la gestión aeroportuaria a un operador privado nos obliga a recordar que es imprescindible no dar pasos atrás", dice Balsera, que destaca: "creemos que el crecimiento del aeropuerto y su capacidad no puede depender exclusivamente ni prioritariamente de los criterios de una entidad privada". EFE
Un vecino de Loiu reclama 87.000 euros por el ruido del aeropuerto
Pascual Alonso dice que vive "una especie de psicosis"
LUIS MINGALLÓN - Bilbao - 10/01/2012
Pascual Alonso, vecino de Loiu y presidente de la asociación ecologista Lur Maitea, reclama 87.300 euros al Ayuntamiento de esta localidad por la contaminación acústica que tanto él como su familia soportan desde el año 2000, cuando se efectuó la ampliación del aeropuerto. A su juicio, el Consistorio debería haber actuado para reducir el ruido. "Vivo en una especie de psicosis de miedo", asegura. El Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Bilbao celebró ayer la vista del juicio.
El demandante es presidente de la asociación ecologista Lur Maitea
Alonso solicitó al Ayuntamiento en enero de 2009 que efectuara "las acciones necesarias e inmediatas" para el cese de los ruidos. Asimismo, exigió una compensación "por los perjuicios morales" causados. El Ayuntamiento desestimó la reclamación aduciendo que no eran asuntos de su competencia.
"No estamos de acuerdo", señaló en la vista Alfredo Herranz, abogado del demandante. Según el letrado, existe una sentencia, ratificada por el Tribunal Superior (TSJPV), que establece que el Consistorio "debe medir el ruido generado por los aviones y exigir a Aena que cumpla con la legalidad". Por ello, remarcó, "sí tiene obligación jurídica de actuar".
El abogado recordó los casos de los aeródromos de El Prat, Barajas y Manises. Los ayuntamientos de los municipios cercanos, dijo, "hacen lo que está en su mano" para que los daños causados a los vecinos sean los menos posibles. "Sin embargo, en Loiu no sólo no se hace nada, sino que se solicita a Aena que elimine las trabas para así poder construir más cerca del aeropuerto", expuso Herranz. Ante esto, su cliente exige al Ayuntamiento una indemnización de 87.300 euros. La cifra se ha fijado teniendo en cuenta lo que habría podido costar el alquiler de una vivienda en otro municipio desde el año 2000 a la actualidad. Pascual Alonso aseguró que vive "en una especie de psicosis de miedo" cuando escucha el ruido de los aviones. "Estamos sufriendo mucho", aseveró.
La parte demandada, por su parte, alegó que la mencionada sentencia efectivamente obliga al Ayuntamiento a realizar las mediciones, pero no a ir más allá. "No está obligado a actuar", expresó el abogado Juan Carlos González. "No hay pruebas que demuestren que la actuación municipal ha sido inadecuada. Y, además, los daños acreditados son hipotéticos, no reales", argumento.
